La sede de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito recibió a los agentes de tránsito de todo el país como actividad de la XI Semana de la Seguridad Vial, que se desarrolla entre el lunes 15 y el domingo 21. En el encuentro, los funcionarios presentarán las mejores prácticas de fiscalización, informó el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo.
El jerarca informó a los asistentes que en los primeros nueve meses de 2018 se redujo la cantidad de siniestros con lesionados en 1.000 casos, pero en el mismo período se registraron más fallecidos. La circulación a velocidad excesiva y los adelantamientos incorrectos fueron algunos de los factores enumerados por el jerarca. Por otra parte, recordó que en 2016 y 2017 los accidentes en las rutas nacionales superaban los registrados en el ámbito municipal, tendencia que se revirtió este año.
“Nosotros somos parte de esta situación, las primeras figuras que tenemos que dar respuestas a la sociedad”, subrayó Luongo a los agentes de tránsito. El objetivo de la reunión es el análisis de estos datos, el intercambio sobre las prácticas exitosas para atender esta situación y proseguir con el trabajo para consensuar un manual de comportamiento que brinde garantías tanto a los agentes como a los ciudadanos, finalizó.
Una de las preocupaciones destacadas en la reunión es el control de las “picadas”, carreras que se realizan sobre vías públicas sin condiciones de seguridad ni habilitación alguna. Confirmó que hay departamentos en que se aplican medidas exitosas contra este tipo de situaciones, que aparecen en varias rutas del país y son identificadas como un problema con consecuencias graves para la integridad de los conductores y participantes.
Durante la reunión, la Junta Nacional de Seguridad Vial presentó un informe sobre estas competencias no autorizadas; la Policía Nacional de Tránsito, la Jefatura de Policía de Canelones y la Dirección de Tránsito de ese departamento mostraron el protocolo de actuación ante estas carreras ilegales. También presentarán su informe la Cruz Roja Uruguaya y los gobiernos departamentales de Maldonado, Montevideo y Paysandú, junto con las jefaturas de Policía correspondientes.
