La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) reclamó al Gobierno Nacional la inmediata suspensión del chip canino, por entender que esa medida es inconstitucional y no soluciona el problema de fondo, esto es, la situación de los perros sueltos.
Desde el pasado 1º de octubre comenzó el registro obligatorio a través de la implantación de chips electrónicos a los perros de más de tres meses de edad para poder ser identificados, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA).
El chip tiene un código único identificatorio (asociado a la Cédula de Identidad del dueño) para cuya lectura se requiere un lector o scanner especial y se coloca una sola vez en la vida del animal.
Los dispositivos tienen un costo de alrededor de $ 500, lo que comprende el precio del chip más el costo de la implantación, que es el arancel veterinario rebajado a una tercera parte de su valor.
A partir del próximo 1º de enero, el Ministerio de Ganadería comenzará la fiscalización, multa a los tenedores y el retiro de los animales.
Hay medidas previas a adoptar
Reisch señaló que no comparte la medida dispuesta por diversas razones, y además considera la misma ilegal.
“El verdadero problema no es la identificación, sino el aumento de la población canina en sí misma y fundamentalmente la existencia del perro sin dueño. Según datos de la COTRYBA la población canina asciende hoy a más de 1:700.000 perros”, expresó.
“La identificación o registro del animal ya existe y se da cuando su tenedor paga la patente. En esa instancia se registran los datos del animal y el nombre y dirección de su propietario. La competencia está asignada por ley a la Comisión de Zoonosis. Podría ampliarse el requerimiento de datos a solicitar, si fuera necesario y -fundamentalmente- debería cumplirse eficientemente con la normativa, castrando y fiscalizando”, sostuvo.
Además, “se suma un costo al propietario del animal. Por éste se pagará ahora $ 530 (costo anual 2017 de patente), más otros $ 500 por arancel del veterinario más el costo del chip, también por animal”, indicó.
Reisch advirtió que “la obligación que se impone no se acompaña de medidas educativas orientadas a una tenencia responsable, ni a la solución efectiva del problema del perro callejero o sin dueño, cuyo número probablemente aumente ante el costo que implica cumplir con la colocación del chip. Y no se acompaña tampoco de una castración selectiva y obligatoria para el can sin dueño, y voluntaria y, si fuera necesaria gratuita, para el perro doméstico, ni se atiende la situación de los refugios”.
“Desde el punto práctico -continuó la parlamentaria colorada- tampoco está prevista la fiscalización del cumplimiento del acto administrativo dispuesto por parte de la COTRYBA. ¿Ingresará a los hogares? ¿Pedirá la orden al juez, en cada caso, para ello? ¿Saldrá a la “caza” de los canes sueltos? ¿Dónde llevará a los animales para la lectura del chip que tengan colocado? ¿Cuenta con personal o lo contratará?”.
Finalmente, puntualizó que para la implementación del chip existe un impedimento constitucional ya que “la COTRYBA no está legitimada para disponer y exigir la medida. Según nuestra Constitución (Art. 10) nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está inhibido de hacer lo que la ley no le prohíbe. Un acto administrativo no puede obligar a los administrados a cumplir una medida de este tipo, no puede fijar un precio y tampoco el monto de una multa. Agrega el Artículo 11 de la Carta que la limitación de los derechos de las personas sólo admite razones de interés general y requiere ley. La norma legal en que la COTRYBA se fundamenta no prevé esta acción. No puede hacer decir a la ley lo que la ley NO DICE, por tanto, se trata de una flagrante inconstitucionalidad”.
“Esperamos que el Poder Ejecutivo entienda de una vez que lo político o los intereses de algunos, en un Estado de Derecho, no prevalecen sobre lo jurídico. Y solicitamos, por tanto, la inmediata suspensión de esta medida, en el entendido que su implementación, además de vulnerar la Constitución, no soluciona el problema que pretende abordar y sólo se traduce en una medida recaudatoria”, finalizó la diputada Reisch.
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