El líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga dio a conocer nuevos proyectos de ley en materia de seguridad pública.
Señaló “vengo con propuestas y con iniciativas, hoy la ciudadanía se encuentra en estado de indefensión, con barrios copados por el narcotráfico” y señaló que “el Estado debe reaccionar y utilizar todos los recursos humanos disponibles en la lucha contra la delincuencia”. Reiteró la necesidad de crear una nueva fuerza de seguridad con componente militar en apoyo de la policía y presentó 2 nuevos proyectos: uno referido al cumplimiento efectivo de las penas y otro con la previsión de la reclusión perpetua revisable.
Cumplimiento efectivo de las penas
Larrañaga propuso que se eliminen ciertos beneficios liberatorios para determinados delitos, porque “si las penas legalmente establecidas, no se cumplen, en los hechos lo que reina, es la impunidad”, y agrega que “la impunidad se da tanto por los niveles de efectividad en la captura del delincuente como luego, si una vez capturado, se puede evadir la sanción penal. Si fijamos leyes con determinadas penas, pero a la vez, fijamos una serie de institutos que en los hechos las flexibilizan -y perforan-, estamos generando un derecho penal estéril, duro en el papel pero débil en los hechos”.
Pena de reclusión permanente
Este proyecto busca que quienes cometen delitos de violación o abuso sexual seguido de muerte, homicidios muy especialmente agravados, como los homicidios múltiples y también en caso de sicariato, se les aplique una pena de reclusión perpetua, la que será revisable cumplidos los 30 años efectivos de privación de libertad. Una vez cumplida esa pena, se evaluará al recluso y si no está apto para la reinserción social, continuará recluido.
Esta figura de reclusión perpetua revisable existe en España, Francia, Alemania, Inglaterra, Gales, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Polonia, Austria, Hungría, Croacia, al igual que en Argentina, Perú, México, Chile, Estados Unidos y Canadá.
Larrañaga sostiene en su proyecto que el comportamiento delictivo en determinados casos resulta extremadamente violento. “Se trata de una violencia reñida con la esencia humana. Se trata de delitos absolutamente extraordinarios que requieren por tanto de una solución normativa extraordinaria”.
Una persona que abusa y luego mata a un menor comete a nuestro juicio, una aberración que no puede estar sometida al sistema normal de penas y libertades sino que por el contrario requiere de una respuesta punitiva excepcional del Estado” expresó.
El líder blanco, de modo enfático indica que “es necesario enviar un mensaje claro de que semejantes comportamiento no serán tolerados y que la sociedad en su conjunto descargará la máxima sanción en caso de que se incurra en la tipificación proyectada”. Y agrega que es necesario que la pena a imponerse asegure un tiempo suficiente para que la rehabilitación pueda abordar semejante situación. “Ese tiempo no puede ser inferior a los 30 años” y en el mismo deberán de suspenderse todos los sistemas de libertad previstos actualmente en nuestro sistema Penal, Procesal-penal y Penitenciario.
Larrañaga señala que en el régimen vigente, por ejemplo, quien viola y mata a un menor, cumple su pena pero si en ese tiempo no se rehabilitó, saldrá libre. El presente proyecto es la alternativa para que eso no ocurra.
