La Cámara de Representantes sancionó el proyecto de ley que busca prevenir, investigar, perseguir y sancionar la trata y la explotación de personas, así como la atención, protección y reparación de las víctimas.
La iniciativa, que fue aprobada por 68 votos en 72 legisladores presentes, consta de cincuenta artículos y en ella se define la trata como una forma de sometimiento y uso lucrativo de las personas que viola gravemente sus derechos humanos.
Establece además que es una amenaza permanente para toda la sociedad, afectando el bienestar de las comunidades y la seguridad de los países.
En la oportunidad el Diputado (S) Nicolás Viera de Colonia tuvo a su cargo el informe puesto en Sala a consideración.
El proyecto establece principios rectores que siguen los estándares internacionales, entre los que figura el principio de igualdad y no discriminación; la prioridad de los derechos humanos de las víctimas, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la confidencialidad, así como la gratuidad de las prestaciones de atención psico-social, médica y defensa jurídica de las víctimas.
En el capítulo II se crea un ente rector y articulador de las políticas a llevar adelante, denominado Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, organismo interinstitucional y con composición mixta, pública y privada, de forma tal que pueda articular políticas sectoriales en relación a la problemática que se le plantea. Este Consejo será presidido por un representante del Ministerio de Desarrollo Social y se completará con un delegado de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Defensa Nacional, Trabajo y Salud Pública, a los que se les suma un representante del INAU, uno de la Fiscalía General de la Nación, uno del Poder Judicial y tres representantes de la sociedad civil.
La iniciativa, que ahora se transformará en ley, crea además el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas con el fin de centralizar la información sobre este tipo de criminalidad y generar políticas adecuadas para combatir y prevenir el delito y facilitar la denuncia y el tránsito por el sistema de justicia.
(Fuente: Parlamento – Carpeta Nº 2634 – Repartido Nº 850)
