La delicada situación económico-financiera que atraviesa la Granjita “La Esperanza Sabalera” de Juan Lacaze movilizó a la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado – Talvi – Lista 15600), que ha intervenido de formas diversas para intentar contribuir en la búsqueda de una solución.
La legisladora remitió al propio presidente de la República, Tabaré Vázquez, una carta poniéndolo formalmente al corriente de la situación, al tiempo que cartas del mismo tenor fueron enviadas también al MIDES, al MSP, al BPS y al INAU.
En su misiva dirigida al primer mandatario y a las demás instituciones, Reisch señala que lo hace en su “carácter de Representante Nacional (…) a fin de poner en su conocimiento la difícil situación que atraviesa una organización civil de Juan Lacaze.”
“Me refiero a Granja “La Esperanza Sabalera”, la cual funciona en dicha localidad dedicada, desde hace 30 años, a la atención de personas con diversos problemas de discapacidad intelectual y otras patologías (muchas de ellas de orden psiquiátrico). Actualmente 38 discapacitados cuyas edades oscilan entre los 14 y los 61 años de edad, no sólo reciben contención sino que el personal que allí se desempeña procura que éstos tengan actividades en espacios de aprendizajes acordes a las diversas discapacidades que cada uno presenta. Es así que se los instruye en tareas de huerta orgánica, tambo, quesería y mantenimiento de espacios verdes”, prosigue la misiva.
Reisch hace hincapié en que “a través de éstas y otras actividades se logra el fortalecimiento de la autoestima de las personas, a la vez que -al brindárseles herramientas para su desempeño útil en el ámbito familiar y social- se fortalece su autonomía, se fomenta su socialización e incluso (en algunos casos) se logra su inserción en el ámbito laboral local.”
“El presupuesto mensual de la organización asciende a unos $ 260.000, monto necesario para que se cubran los gastos fijos de la organización, el pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono), se brinde desayuno y almuerzo a quienes concurren, y se pague el sueldo y beneficios laborales de los 14 empleados que allí trabajan. Los aportes estatales que corresponden a cupos o beneficios sociales que pagan INAU y el BPS no logran cubrir este presupuesto, manteniendo la organización un déficit mensual de unos 100.000 pesos, lo que la torna inviable a futuro”, explica la diputada batllista.
“La sociedad civil de la localidad -a través del esfuerzo voluntario y solidario- ha hecho posible que la ONG subsista hasta la fecha. A ello colaboró también una importante donación efectuada por el SUNCA, pero lamentablemente la situación se ha vuelto insostenible para el futuro y obligará -de no encontrarse una rápida y definitiva solución- al cierre de Granja Esperanza Sabalera el próximo 30 de abril”, advierte la parlamentaria colorada.
“La asociación -prosigue la legisladora- ha hecho diversos contactos oficiales que hasta la fecha han resultado infructuosos. También en lo personal hemos cursado notas poniendo al tanto de la grave situación al INAU, al BPS, al MIDES y al MSP, esperando poder colaborar a la solución de este grave problema”.
“En igual sentido apelamos al señor Presidente a fin que pueda evaluar la situación a través del MEF para poder dotar a la ONG de una subvención o apoyo que le permita continuar sus actividades y evitar que 38 discapacitados queden sin la atención y contención que hasta la fecha reciben de una asociación que es referente en la localidad, lleva 30 años al servicio de personas discapacitadas y emplea a la fecha a 14 personas que tienen la vocación de servicio ante estas adversidades”, finaliza la carta remitida por la diputada Reisch que aguarda una respuesta a la situación.
“Sabemos que la situación es muy difícil, pero diariamente estamos viendo como el Estado invierte, gasta o tira millones de dólares en cosas improductivas, innecesarias o indebidas, y el apoyo a la Granjita es justamente lo contrario. Sabemos que ya cuenta con aportes del Estado (BPS, INAU, INDA) para su funcionamiento, pero éstos son insuficientes, por lo que el Poder Ejecutivo debería coordinar entre todos los organismos del gobierno central para cubrir el déficit mensual de $ 100.000 mensuales. En estas situaciones es donde el Estado debe estar presente”, manifestó.
“La gente y las instituciones de Juan Lacaze colaboran en estas instancias, pero sabemos que la situación de la ciudad es extremadamente complicada y es muy difícil que ese apoyo voluntario se mantenga a través del tiempo. Es aquí donde debe intervenir el Estado, amparando a los más indefensos y desprotegidos. Esperemos que las autoridades se sensibilicen, adopten las medidas del caso y procedan en consecuencia, porque la Granjita debe permanecer en actividad”, concluyó la legisladora.
Cabe señalar que el déficit de aproximadamente $ 100.000 pesos mensuales se generó a partir de enero, cuando el INAU decidió retirar la partida de las personas que tienen entre 18 y 21 años, como consecuencia de una nueva normativa que establece que los discapacitados mayores de 18 años pasan a formar parte del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS).
