Espacio de Columnistas
En estos días nos hemos enterado que Gilberto Vázquez, militar que fuera procesado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, confesó ante un Tribunal de Honor haber torturado y asesinado a personas, y lo peor, sentirse orgulloso de tales aberraciones.
Lamentablemente, nos enteramos de las confesiones de este señor luego de 14 años que las hiciera. Ante ese tribunal Vázquez también afirma que hubo un supuesto acuerdo para que se juzgaran algunos casos y con eso se cerraran las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, operando quienes fueran juzgados por tales crímenes como “chivos expiatorios”.
Por supuesto que Gilberto Vázquez no tiene ninguna legitimidad -y no hay por que dar por ciertas sus acusaciones de este supuesto acuerdo realizado entre los militares y las máximas autoridades de nuestro país-, pero si es necesario investigar si es cierto o no lo que el militar declaró.
En ese marco, también nos enteramos que el tribunal paró sus actuaciones a la espera de indicaciones de como proceder luego que Vázquez confesó esas atrocidades y lamentablemente, las indicaciones del Gral. Manuel Saavedra, quien subrogaba al Comandante del Ejército fue que siguieran trabajando, sin dar parte a la justicia para que investigara las responsabilidades del declarante y de otros posibles involucrados.
Entre los “desaciertos” de todo este proceso, encontramos que al finalizar sus actuaciones el tribunal recomienda sancionar a Gilberto Vázquez por una falta completamente menor en relación con las confesiones que realizó, las cuales sin duda alguna son de una gravedad máxima y ameritaban una sanción acorde tanto por ese tribunal como por la justicia ordinaria. La afectación al honor es por las atrocidades que confesó haber cometido y por reivindicarlas, esa fue la verdadera deshonra y debió quedar consignado en la resolución del Tribunal de Honor, y no por haberse escapado del Hospital Militar.
Asimismo, reviste de enorme gravedad, que luego que la abogada Nelly Méndez elevara un informe a la Ministra de Defensa, donde se indica que el Tribunal de Honor había detenido sus actuaciones por el artículo 77, el cual marca que las actuaciones deben detenerse cuando hay presunción de delito, nadie se haya tomado el trabajo de pedir las actas y leerlas, para asesorar correctamente a la Ministra. Es muy llamativo que ninguno de sus asesores, le hubiera recomendado la necesidad de tomar contacto con dichas actas, para saber cuales habían sido las razones de dicha detención.
Finalmente, y no es menos grave, que tanto la Ministra como el Presidente de la República hayan homologado el dictamen de este Tribunal de Honor, que sanciona a Gilberto Vázquez por un hecho completamente menor y no lo haya hecho por las atrocidades que confesó y reivindicó. Entiendo que el Presidente de la República, puede no haber leído todas las actas, pero es extraño que ningún funcionario o asesor lo haya hecho, y que ni siquiera le hayan advertido á el o la Ministra sobre la detención de actividades por presunto delito.
Lamentablemente no es la primera vez que sucede un hecho semejante, en 2019 nos enteramos de un hecho similar en relación a un Tribunal de Honor que investigó las conductas de José Gavazzo, otro militar que tiene un largo historial de violaciones a los derechos humanos y que también fue condenado por la justicia uruguaya.
En este caso, también se cometieron “desaciertos”, aunque con la diferencia que, en ese caso, el entonces Ministro de Defensa -ahora fallecido-, indicó por carta que había informado al Presidente de la República sobre la situación. Desafortunadamente, como en el caso anterior, el Dr. Vázquez también resolvió homologar las actuaciones del Tribunal de Honor, que pedía sanción para Gavazzo por una falta notoriamente más leve que el asesinato que revelara en sus declaraciones a dicho tribunal.
Aquí también -luego que se pararan las actuaciones del tribunal por presunción de delito-, el comandante del Ejército, Gral. Manini Ríos, ordenó que se continuaran las actuaciones y no está claro que haya dado cuenta al Ministro de Defensa, motivo por el cual se lo investiga y tiene un pedido de desafuero.
Los dos episodios son de una enorme gravedad y debe investigarse que responsabilidades pudo caberle a cada uno de los actores, a los mandos militares, pero también a los respectivos jerarcas del Ministerio de Defensa y al Presidente de la República, que en ambos casos fue el Dr. Tabaré Vázquez. Desde la Fiscalía deben tomarse cartas en este asunto e investigar a fondo, por el bien de todos, por el bien del país.
En ese sentido y en pos de conocer la verdad, es de enorme trascendencia que el Senado de la República apruebe el pedido de desafuero del Senador Manini Ríos. Todos los partidos políticos deben asumir la responsabilidad y enviar una señal clara de su compromiso con la búsqueda de la verdad.
Los familiares y la sociedad toda, merecen conocer la verdad sobre los hechos acaecidos durante la dictadura. Desde los tres poderes del Estado, debe hacerse el máximo esfuerzo para lograr dicho objetivo, esa es la única forma de poder dar vuelta la página.
Daniel Pérez
