El Comisionado Parlamentario, Dr. Juan Miguel Petit, presentó esta mañana, por medio de teleconferencia, en el canal de YouTube del Parlamento, el Informe Especial denominado: “Cárcel, Dignidad y Derechos Humanos, hacia una doctrina sobre el trato cruel, inhumano o degradante”.
La presentación contó con la participación de Juan Ceretta, titular de la Cátedra de Litigio Estratégico y Germán Aller, Catedrático de Derecho Penal, por la Universidad de la República; Ariela Peralta, Secretaria Ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y Silvia Sturla integrante de la Oficina del Comisionado Parlamentario.
El Comisionado comentó que este material surge de reflexiones a partir de las visitas que se realizan periódicamente en las unidades penitenciarias de todo el país. Afirmó que “la noción de tratamiento dentro de la ejecución penal, refiere a dos cosas: a condiciones de vida con acceso a aquellos bienes que permiten el desarrollo humano o sea educación, cultura, trabajo, salud, deporte, cultura, y también la atención específica a problemas concretos, asistencia a las adicciones, atención de salud mental y atención sanitaria.”
“Cuando no hay tratamiento, hay trato cruel, inhumano y degradante, porque la persona cuando no puede desarrollarse no queda igual, se degrada, empeora, cae, y es responsabilidad del Estado tener políticas que eviten eso dando rehabilitación”.
Señaló que “el tratamiento refiere a un conjunto racional y planificado de acciones orientadas a determinada finalidad, en este caso reparadora o integradora. Nada más lejos del tratamiento que una cárcel sin actividades. El respeto a la dignidad es la presencia de tratamiento, y el tratamiento es el ejercicio de los derechos. En el siglo XXI, el sistema penitenciario debe tener un nivel de acceso a oportunidades y servicios sociales, laborales, educativos y culturales, similar al existente en la sociedad exterior. Estar forzado a vivir en privación de libertad en un contexto violento, amenazante, inestable, conflictivo o pobre en oportunidades constituye un trato cruel, inhumano o degradante podría incluso significar tortura”.
Según Petit este marco normativo de derechos humanos es la base para avanzar hacia una política pública, que involucre a todo el Estado en el tratamiento carcelario. “Es una gran desafío para todos los poderes del Estado. No avanzar en ese camino nos condenará a seguir teniendo un sistema gigante, poco rehabilitador y con una gran reincidencia, o sea un gran generador de delito. Innovar, seguir reformando, avanzar en política pública en esto, es una de las llaves para proteger la vida de todos los ciudadanos”.
Los especialistas invitados valoraron el trabajo de la oficina del Comisionado y señalaron que el relevamiento constante de las realidades de las unidades penitenciarias de todo el país se refleja en el informe presentado.
Destacaron que la lectura del informe nos interpela como sociedad, nos lleva a preguntarnos: “¿cúal es el objetivo del Sistema Penitenciario en Uruguay? ¿La reintegración de los presidiarios o la inhabilitación social de por vida?” Señalaron que “esto implica un cambio cultural enorme, en el que nos va la vida, hay que pensar que es una realidad que se puede y debemos cambiar”.
Los expertos valoraron los conceptos de dignidad humana y tratamiento descriptos en el informe y describieron al documento como “valiosísimo, no extenso sino intenso, que no se distrae en detalles innecesarios”.
Finalmente felicitaron al Comisionado y su equipo por “llevar al papel estas reflexiones que invitan a pensar en las conductas humanas más allá de la cárcel”.
