Por 26 votos en 30 ediles presentes la Junta Departamental sancionó el viernes el proyecto de decreto por el que se aprobaba el acuerdo transaccional suscrito entre la Intendencia de Colonia y los propietarios del terreno expropiado donde fue edificado el nuevo Hospital Departamental.
La comuna había sido sentenciada por el Juzgado Letrado de 1ª Instancia de Colonia de 2° Turno y en 2ª instancia por un Tribunal de Apelaciones a pagar una cifra cercana a los 2:500.000 dólares por el terreno (Padrón N° 10.490 de la capital departamental) que en 2008 había sido “donado” por la IDC al MSP sin ser propietaria del bien.
La edil Malvina Sarett (P. Colorado – Ciudadanos) confirmó en el plenario el voto favorable de los dos representantes de su partido, marcando que “si bien la figura del Intendente se vio afectada ante irregularidades, también así las otras partes involucradas, como los asesores, personal de confianza y funcionarios de Catastro que no vieron ni percibieron el error que se estaba cometiendo”.
“En lo personal voto afirmativamente porque Colonia necesitaba un nuevo Hospital. Este no es el proyecto original, donde se contaba con un CTI tanto para adultos como para niños, helipuerto, y más, pero es un comienzo. Ante esta emergencia sanitaria nos damos cuenta de lo importante que ha sido contar con este nuevo edificio, que desde su inauguración ha ido mejorando sus servicios”, sostuvo.
Por su parte, el edil Gabriel Gabbiani (P. Colorado – Ciudadanos) dijo que “señalamos las graves irregularidades de la ‘adquisición’, traspaso del bien y lo que siguió de parte de tres administraciones municipales, las dos de Zimmer y la anterior de Moreira, del MSP y de ASSE, todos responsables del resultado judicial mencionado en desmedro de los recursos de la comuna y, por lo tanto, de los contribuyentes”.
“No había nada que objetar. Cuando la Justicia habla, y máxime como en este caso que la sentencia era irrevocable, el caso está cerrado. De tal forma, a la Junta sólo le quedaba aceptar o no el acuerdo transaccional entre las partes. Ese y no otro era el rol de la Junta, y entendimos que era conveniente aprobar el mismo. De esta manera, la Junta en su actual integración dio por finalizado un litigio que se arrastraba desde 2008 y que cada mes que la Intendencia no pagaba generaba intereses de 7.000 dólares”.
