Declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista del Uruguay ante la situación del sistema penitenciario
El Partido Socialista expresa su profunda tristeza e indignación ante los hechos acaecidos en las últimas horas en el sistema penitenciario de Uruguay.A través de versiones de prensa hemos tomado conocimiento de la brutal e inhumana situación en la que se encuentra una persona privada de libertad, internada en el módulo 11 del Comcar, luego de haber sido víctima de un presunto secuestro dentro del propio centro, siendo sometida a tratos crueles y degradantes, totalmente violatorios de sus derechos humanos, todo, mientras se encontraba bajo la custodia de las autoridades.Esta realidad debe avergonzarnos como país pero sobre todo a los responsables directos.El estado de los centros penitenciarios en Uruguay, desde hace muchos años y cada vez con mayor gravedad, configura una verdadera situación de emergencia que nos interpela como sociedad.
La misma ha sido denunciada por Ia Institución Nacional de Derechos Humanos, por el Comisionado Parlamentario y por numerosas instancias civiles y hasta internacionales.La recientemente aprobada LUC contribuye a su vez a la saturacion del sistema penitenciario y por ende a la violencia institucional sistemática a la que es sometida la población privada de libertad, que encuentra como primer y única “solución” el encierro despiadado, bajo condiciones contrarias a la dignidad y los derechos humanos, a la ley, a la Constitución de la República y a los Tratados internacionales suscritos por Uruguay. De esto el Estado es responsable y por ende debe responder.
Cabe señalar que las responsabilidades no sólo le caben al Ministerio del Interior y al Poder Ejecutivo sino también al sistema judicial del país.En este marco, y ante una situación que se profundiza día tras día y que, como muestran estos hechos, tiene ribetes de descontrol, volvemos a señalar – como lo hicimos con firmeza autocrítica bajo nuestros gobiernos – que la política de Uruguay en esta materia debe transformarse radicalmente. No hacemos política menor ni sensacionalismo con esta situación, por el contrario denunciamos un problema estructural y un hecho gravísimo sobre el que no podemos callar, y volvemos a lamentar que el proceso de cambio de la política penitenciaria iniciado en 2005 haya quedado trunco.El paradigma vigente ha fracasado como estrategia de seguridad pública pero sobre todo naturaliza y perpetúa la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, lo cual es inadmisible.Reclamamos por ende la urgente puesta en práctica de soluciones alternativas, en diálogo con el conjunto de los actores sociales y políticos.
