Columna de opinión
Por Daniel Pérez – Director Nacional de Empleo – MTSS
Este mes de abril, en el marco de la Ley 19.973 de Promoción del Empleo, se firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Desarrollo Social con la finalidad incentivar la contratación de los jóvenes – particularmente en su primera experiencia laboral-, de las personas con discapacidad y de los mayores de 45 años. Pone énfasis en la incorporación de las mujeres, dado que tienen mayores dificultades para acceder al mercado de empleo en cualquier franja etaria o grupo poblacional considerado.
El convenio impulsado por la Dirección Nacional de Empleo establece que aquellas empresas que contraten a personas participantes del programa Accesos en el marco de la modalidad de trabajo protegido -que pone foco en personas que pertenecen a hogares que están por debajo de la línea de pobreza- tendrán un subsidio diferencial equivalente al 60% del salario del trabajador cuando se contrate a un varón y del 80% del salario cuando se contrate a una mujer.
Las empresas que contraten en el marco de este convenio recibirán el subsidio -que se descuenta de los pagos que deben realizar al BPS-, por un período de hasta un año y con un tope del 80% de dos salarios mínimos nacionales, lo que equivale en la actualidad a un subsidio de hasta $ 30.982 pesos mensuales.
Este convenio tiene varias finalidades. En primer lugar, pone el foco en las poblaciones con mayores dificultades de acceder al mercado de empleo, ya que está dirigido a incorporar a personas jóvenes o mayores de 45 años que pertenecen a hogares pobres, las cuales muchas veces están desempleadas hace un largo tiempo y/o tienen un nivel educativo que les dificulta su acceso al mercado de empleo.
En segundo lugar, al incentivar la contratación de personas que participan de uno de los programas más importantes del Mides -que trabaja en el apoyo, la promoción y la búsqueda de autovalencia de las personas más vulnerables- el subsidio busca fortalecer política pública dirigida a aquellas personas que viven en situación de vulnerabilidad socio-económica, mostrando un trabajo articulado entre dos ministerios que tiene un claro perfil social y generando sinergias que potencien los esfuerzos de la sociedad hacia esta población.
La firma de este convenio es un hecho trascendente porque centra su acción en una población muy vulnerable y potencia la acción de las políticas públicas, con el agregado que el subsidio que se otorga a las empresas realmente es un aporte muy importante que se está realizando desde el Estado, que muestra claramente cuál es la prioridad del gobierno en materia de empleo.
