En el día de ayer se clausuró el expediente 222-140/2021 donde en el mes de abril del año pasado la Secretaria de la Junta Departamental, Claudia Maciel denunció al edil Heber Márquez por Violencia de Género encuadrado en la ley 19.580. Esta instancia hace que el próximo 24 de junio, Márquez pueda volver a su banca en la Junta Departamental de Colonia de manera presencial ya que el proceso deja fuera la medida cautelar de no acercamiento que fue impuesta al Curul.
En cuanto a toda esta situación, las actuaciones y su desenlace, uno de los Abogados del Edil Márquez, Dr. Ricardo Aranda expresó, en exclusiva para UR30, lo siguiente:
“Los hechos acontecieron en una sesión de la Junta realizada en el Bastión del Carmen y no hubo para el registro de esos hechos ni grabación, filmación ni pruebas fotográficas por lo que la sede judicial reconstruyó los hechos con el relato de los testigos.
En esa sesión del 18 de abril de 2021 y producto de la Pandemia las sesiones de la Junta Departamental tenían una duración de dos horas por lo que se suscitaban diversas controversias en el uso de la palabra por parte de los ediles de la oposición.
En ese marco de actuaciones los ediles disponían de un solo micrófono para exponer sus asuntos.
La mesa dirigida por Alejandro Fioroni había otorgado la palabra al edil Pedro Leizagoyen pero luego le comunica que ya había hecho uso de la palabra en dos o tres oportunidades. En ese contexto Hebert Márquez se dirige hacía el micrófono principal para hacer uso de la palabra y encuentra que el mismo estaba apagado. Al comprobar esto va hacía un micrófono de la mesa (de uso de la Secretaria Maciel), lo toma para si y se dirige al Presidente diciéndole que respetara ” la institucionalidad”.
Márquez no miró a Maciel y no dialogó con ella según surge del expediente. Su discusión por temas reglamentarios siempre fue con el Presidente de la Junta Departamental.
Este hecho, en el análisis del Juez de la causa ( Fourment ) fue calificarlo como violencia de género fundamentado que el edil con su actitud invadió el espacio físico de Maciel y ella sintió temor por la reacción de Márquez.
En base a encuadrar en la Ley 19.580 el magistrado, dispone medidas cautelares de no acercamiento por 120 días a menos de 200 metros y comete a ambos a iniciar tratamientos en Mides a través de un programa específico.
En el espacio que duró la causa ( más de un año ) Márquez cumplió con cada resolución judicial respecto al no acercamiento, pero los hechos fueron dilatando la causa debido a que en primer lugar Mides informa a la sede que no cuenta con un servicio para este tipo de violencia de género que se suscitó en el ámbito laboral.
Es así que el Juez subrogante del Juzgado Letrado de primera instancia de primer turno Damián Battó dicta un decreto solicitando que ese tratamiento lo haga el denunciado en su prestador privado de salud.
El informe final de los profesionales actuantes no conforma al magistrado y decide solicitar que Márquez concurra a cuatro sesiones con una sicóloga para abordar los hechos de la denuncia.
Cumplidas las mismas la profesional informa por escrito pero el titular de la sede cita a audiencia en el día de ayer a la sicóloga Acosta de Nueva Palmira quien fue preguntada en forma exhaustiva por el juez y la defensa de Maciel.
En la misma audiencia el Dr. Battó dicta la Sentencia que se adjunta dando por clausurado el proceso por lo que Márquez no tiene ningún tipo de restricción hacía la denunciante. En un proceso dónde se diligenciaron muchas pruebas testimoniales y documentales no se probó en ninguna instancia que Márquez tuviera denuncias anteriores en la Junta en su bancada o en otros ámbitos.
La declaración de ediles de la Bancada del Frente Amplio contra todo tipo de violencia más declaraciones de dirigentes de la fuerza de izquierda coadyuvó a la denuncia de Maciel y le dio sustento. Sin embargo ninguno de estos relatos pudo ser probado.
Culmina un proceso que tuvo a Hebert Márquez sin poder concurrir a la a las sesiones por espacio de 14 meses, aunque si lo hizo a las reuniones de comisiones. En la causa el juez desestimó el uso de tobilleras solicitado contra Márquez y no hizo lugar a nuevas denuncias contra el Semanario El Eco y contra uno de los abogados defensores en el entendido que las opiniones de terceros no eran parte del objeto del proceso.” finalizó expresando el Dr. Ricardo Aranda.
