La presentación se realizó en la Sala de Actos del MTSS, con la participación del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el director Nacional de Empleo, Daniel Pérez; y el subdirector de la DINAE, Herbert Pintos. Los jerarcas explicaron que este programa va dirigido a personas trans, afrodescendientes, migrantes, clasificadores/as y mujeres en situación de violencia basada en género. Asimismo, detallaron qué subsidios reciben las empresas que contraten y cuál es el procedimiento que deben realizar.
En el marco de la Ley de Promoción del Empleo, que busca promover la empleabilidad de aquellas personas con mayores dificultades para acceder a un trabajo decente, se presentó el Programa para Colectivos en Situación de Vulnerabilidad, que se dirige a los siguientes grupos de personas: trans, afrodescendientes, migrantes, clasificadores/as y mujeres en situación de violencia basada en género.
Para que estas personas puedan ser contratadas en el marco del Programa, deberán cumplir los siguientes requisitos: ser jóvenes de 15 a 29 años o mayores de 45 años, estar en situación de desempleo y pertenecer a un hogar cuyos ingresos estén por debajo de la línea de pobreza.
Durante la presentación, Pérez explicó que las empresas que contraten a estos grupos poblacionales tendrán un subsidio del 60% del salario si contratan hombres, y 80% en caso de que sean mujeres, con un tope de $30.982 mensuales. El jerarca informó también que el plazo máximo de contratación es de 12 meses y el mínimo de 6.
“Las empresas tienen dos opciones para contratar. Por postulación directa, es decir las propias empresas proponen a quién van a contratar. Para eso envían una nota a la DINAE diciendo con qué colectivo de los nombrados van a estar trabajando”, explicó Pérez.
“También pueden buscar a través de alguno de los programas del MIDES u ONG’s que trabajan con estos grupos poblacionales, pero es una decisión de la empresa”, aclaró.
“La otra opción es hacerlo a través de los Centros de Empleo, tanto los de Montevideo como del interior del país. El Centro lo que hace es un proceso de preselección, la decisión final de a quién contratar siempre es de la empresa”, dijo Pérez.
Mieres comentó por su parte que “este es un paso más que damos en un marco jurídico que fue aprobado hace un año en el Parlamento, por unanimidad, es bueno destacarlo”.
“Allí se prevé este margen de decisión, que implica que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de manejar niveles de subsidio mayores cuando se trata de personas que están en situación de pobreza”, agregó Mieres.
