Con la firma de los ediles Gabriel Gabbiani (Partido Colorado) y Carlos Fernández (Frente Amplio) la Junta Departamental de Colonia solicitó la constitución de una Comisión Pre Investigadora, compuesta por un edil de cada bancada, que intervenga en todo lo relacionado con las denuncias efectuadas por un funcionario del Municipio de Tarariras, y establezca si corresponde o no la constitución de una Comisión Investigadora.
La solicitud es más que nada un trámite administrativo que responde al Artículo 185 del Reglamento Interno de la Corporación, por cuanto ya un llamado a Sala al alcalde y los concejales de Tarariras por este tema fue votado por el deliberativo en forma casi unánime, con la sola excepción de un edil nacionalista.
Graves denuncias que deberán sustentarse
La solicitud establece que “los hechos que se pretenden investigar son los denunciados públicamente, a través de la prensa y de las redes sociales, por el funcionario Luis Elvis García, del Municipio de Tarariras, sobre presuntas irregularidades y abusos cometidos por un capataz del mismo.”
El funcionario asegura que “en el Municipio de Tarariras, en la sección operativa, dependemos directamente de un capataz de 1ª, quien desde el primer día que ingresé, en 2012, siempre abusó de sus funciones, menospreció y maltrató a los trabajadores, generando así acoso laboral y psicológico contra la mayoría de ellos”.
“En nuestro sector -prosigue- tenemos distintos tipos de trabajadores según sus funciones. Están los «mimosos» o «loros», que son dos o tres personas asignadas a los trabajos más sencillos. Son los que más ganan a nivel salarial porque han acumulado más de 140 horas extra en un mes que nadie controla, y muchas veces ni siquiera están en el lugar de trabajo. Cobran viáticos sin realizarlos, reciben insalubres especiales de cementerio también muchas veces sin hacerlos, y, por supuesto, cuando los demás salen a trabajar al exterior, ellos permanecen en el galpón, a veces más de una hora, para no pasar frío o calor y cuidar su salud.”
“Luego, están los trabajadores ubicados en trabajos medianos a sencillos, para cuidarlos por obvias razones, y su salario es el más normal. Finalmente, estamos los trabajadores del sector que llamamos vulgarmente «esclavos», quienes entramos por sorteo o porque al capataz no le gusta nuestra cara. Nosotros nos encargamos de los trabajos más complicados: trabajos de fuerza, limpieza de cunetas con materia fecal y, casi siempre, cortar pasto, entre otras tareas, incluso en pleno invierno”, agrega.
“Estamos sujetos a no tener un salario estable, ya que el capataz de primera maneja las horas extra a su antojo, no como se debería por necesidades de servicio. Como resultado, somos quienes menos cobramos. Todos los trabajos son necesarios y alguien debe hacerlos, pero hemos planteado que los trabajos deberían ser más rotativos para no sobrecargar siempre a los mismos trabajadores con el mismo tipo de tarea, lo que afecta su salud, y nunca hemos recibido respuestas”, añade.
Es imprescindible conocer qué criterio ha adoptado el capataz denunciado para otorgar las horas extra, y si consta que dicha adjudicación se ha hecho arbitrariamente, beneficiando o castigando a los distintos funcionarios. También es necesario comprobar el “hostigamiento psicológico” de parte del capataz a que hace referencia el operario, y si las frases que menciona en sus denuncias (“Si no te gusta el trabajo, dejalo; yo después me encargo de las planillas”, “No te pago por pensar, te pago para que cumplas órdenes”, “Aquí el que manda soy yo, y el que no le gusta ya sabe lo que tiene que hacer”, “Aquí nadie es completo, nadie sirve para nada», entre otras) efectivamente son rutinarias en el trato diario. También es necesario saber si, tal como se expresa en la denuncia, el alcalde ha convalidado con sus firmas las horas extra de referencia, y ante la aseveración de que ya se ha hablado más de una vez con él sobre estas situaciones sin encontrar solución, se digan los motivos por los cuales subsiste esa presunta situación irregular, y por qué no se ha solucionado.
¿El funcionario se desdijo?
“Además, el funcionario denuncia gravísimas irregularidades en la órbita de Necrópolis y connivencia del alcalde con los abusos que se habrían cometido.
Paralelamente, en la Sesión Ordinaria del martes 5 de noviembre próximo pasado se informó en Sala que, convocado por la Comisión de Asistencia Social, el funcionario adujo no poder probar las denuncias que efectuara y que había logrado un acuerdo económico con el que había solucionado sus problemas, lo que hace presumir una situación de coacción, coerción, apremio, conminación, intimidación, presión, extorsión, chantaje, cuando menos, sino de cohecho u otro delito contra la administración pública”, sostiene la nota.
“No es necesario abundar en la entidad de la denuncia, por cuanto lo expresado es más que suficiente. Respecto a la seriedad de su origen, la misma está más que fundada por cuanto el funcionario realizó además la misma ante el Ministerio Público y Fiscal”, prosigue.
“Con referencia a la oportunidad y procedencia de una investigación sobre el tema planteado, las entendemos más que justificadas, por cuanto corresponde que este deliberativo proceda con el mismo formalismo con que actuó instalando Comisiones Investigadoras por las denuncias en el Municipio de Florencio Sánchez, en el Municipio de Colonia Miguelete y en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental. Cabe recordar que, en los tres casos, se formó una Investigadora en el seno de esta Junta Departamental independientemente de la investigación administrativa desarrollada en la IDC y de la investigación llevada adelante por la Fiscalía, por lo que entendemos de recibo proceder de la misma manera en este caso y no proceder arbitrariamente mutando el criterio utilizado en los casos anteriores”, finaliza la nota presentada por Gabbiani y Fernández.
