Gabriel Gabbiani, edil departamental por el Partido Colorado, reiteró ante el plenario de la Junta Departamental la exhortación a la Intendencia de Colonia (IDC) para que intervenga a los efectos de frenar la escalada de ocupaciones ilegales en los balnearios Artilleros, Santa Ana y El Ensueño.
“Vamos a reiterar una solicitud ya respaldada por esta Corporación, para que realice un relevamiento a fin de regularizar las construcciones irregulares de viviendas y ocupaciones clandestinas en los balnearios El Ensueño, Santa Ana y Artilleros en terrenos fiscales o privados cuyos propietarios desconocen tal acción”, expresó el edil ante sus pares.
Asimismo, requirió “lo propio a la Dirección Nacional de Catastro, y vamos a solicitar a OSE y UTE que no procedan a la instalación de contadores en predios o fincas cuya propiedad no sea avalada con prueba documental”, expresó.
El edil, que encomendó el seguimiento del tema a la Comisión de Asistencia Social, Asuntos Laborales, DDHH y Género y Equidad, realizó su planteamiento en virtud de la cantidad de “okupas”, muchos ajenos al departamento de Colonia, que han ido tomando posesión de terrenos estatales o privados, y de tal forma están fomentando la formación de asentamientos en la zona mencionada.
En diálogo con la prensa, Gabbiani indicó que “con la ocupación ilegal los derechos de los vecinos pueden verse comprometidos de diversas maneras, generando problemas de convivencia, seguridad y calidad de vida. La ocupación ilegal de propiedades, sean terrenos o fincas, no afecta sólo a los propietarios de los mismos, sino que impacta significativamente en los vecinos”.
Por ejemplo, agregó, “pueden surgir conflictos de convivencia ocasionados por el ruido, los disturbios o por diferencias en el estilo de vida y comportamiento”. Además, “si las propiedades ocupadas ilegalmente no son mantenidas adecuadamente, se pueden generar problemas de salud y saneamiento por la acumulación de basura, la falta de mantenimiento de la propiedad o de su entorno y la eventual presencia de plagas que puedan afectar la salud y el bienestar. Los vecinos tienen derecho a vivir en un entorno limpio y saludable.”
Por otro lado, “la presencia de ‘okupas’ puede generar una sensación de inseguridad entre los vecinos. No pocas veces las propiedades ocupadas ilegalmente se convierten en puntos de actividades sospechosas o delictivas, lo que puede aumentar la preocupación por la seguridad personal y los bienes. Los vecinos tienen derecho a vivir en un entorno seguro. Si la presencia de okupas compromete este derecho, pueden tomar medidas para mejorar la seguridad de su comunidad, pero la autoridad forzosamente debe intervenir.”
“Por último, pero no menos importante, la ocupación puede afectar a la baja el valor de las propiedades circundantes. Los potenciales inquilinos o compradores pueden sentirse desalentados de mudarse a una zona donde hay propiedades ocupadas ilegalmente, y ello puede reducir el valor del mercado inmobiliario en la zona”, finalizó Gabbiani.
“Las autoridades deben intervenir obligatoriamente para garantizar que se mantengan los estándares adecuados de salud, limpieza y respeto por la propiedad privada que garantiza la Constitución”, finalizó Gabbiani.
