La Junta Departamental de Colonia celebrará una sesión extraordinaria este jueves 13 de noviembre, a las 19 horas, en la Sala de Sesiones de la Corporación, con el objetivo de tratar dos puntos incluidos en el orden del día.
El primer tema corresponde al Expediente N° 2025-83-2-0206, remitido por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Colonia de 2° Turno, que envía el Cedulón N° 96/2025 en el marco de los autos caratulados: “Exhorto Nacional proveniente de la Suprema Corte de Justicia: Márquez, Hebert y otros / Intendencia de Colonia y otros – Acción de Inconstitucionalidad Decreto N° 034/2016, 036/2016, 001/2017 y artículos 12 a 14 del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Colonia aprobado por Decreto N° 017/2021 dictados por la Junta Departamental de Colonia”.
En concreto se trata del Impuesto al Alumbrado Público, que es hoy un impuesto que se cobra mediante el recibo de UTE.
El expediente, identificado bajo los números IUE: 1-111/2025 y IUE 223-201/2025, refiere a un trámite judicial de carácter institucional, que implica a la Suprema Corte de Justicia, la Intendencia de Colonia y la propia Junta Departamental.
Y esto qué es?
En términos sencillos, el documento notifica oficialmente a la Junta Departamental sobre una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia, que cuestiona la validez jurídica de varios decretos departamentales y artículos del presupuesto quinquenal de la Intendencia de Colonia.
El cedulón cumple la función de exhorto judicial, es decir, una comunicación formal desde un tribunal (en este caso la Suprema Corte, por intermedio del juzgado local) para que la Junta tome conocimiento del proceso y eventualmente brinde respuesta o documentación pertinente.
En síntesis:
- El expediente forma parte de un proceso judicial en curso.
- Los demandantes (Márquez, Hebert y otros) impugnan normas aprobadas por la Junta Departamental de Colonia.
- La Suprema Corte solicita la intervención o notificación de la Junta, como organismo que dictó los decretos cuestionados.
Se trata, por tanto, de un trámite institucional y jurídico que involucra a la Suprema Corte de Justicia, la Intendencia de Colonia y la Junta Departamental, en torno a la constitucionalidad de disposiciones normativas departamentales.
En resumen:
No es la Junta la que decide, sino la Suprema Corte de Justicia.
La Junta es notificada porque está involucrada en el caso y debe estar al tanto de la acción judicial y de sus eventuales consecuencias.
Y el otro punto es:
Como segundo punto del orden del día, se prevé recibir en régimen de comisión general a una delegación de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).
