La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) reclamó al Poder Ejecutivo el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 18.651, esto es, que el 4% de las vacantes en la Administración Pública sea cubierto con personas con discapacidad.
La parlamentaria recordó que “está establecido a nivel internacional proteger los derechos de las personas con discapacidad, y se afirma que todas las personas, cualquiera sea su discapacidad, pueden gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Subrayó que Uruguay “recoge esos derechos en la Ley Nº 18.651, de Protección Integral de Personas con Discapacidad (2010)”, que “establece un sistema tendiente a otorgarles, entre otros, los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y a darles oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas”.
La legisladora recordó que esa ley y la normativa anterior “disponen que los organismos del Estado están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”.
En tal sentido, informó, “tomamos contacto con un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que analiza el período 1º de enero a 31 de diciembre de 2018, y que señala que en 2018 ingresaron 91 personas con discapacidad en los organismos obligados por la ley. Pero según los datos oficiales, en 2018 se produjeron 7.189 vacantes, por lo que esa 91 personas representan apenas el 1,27 % de los ingresos”.
“Alcanzar el 4% de las vacantes generadas para dar cumplimiento al cupo establecido por la ley hubiese representado 288 ingresos de personas con discapacidad. Reitero que ingresaron 91 personas con discapacidad: 58 hombres, que representan el 64 % del total, y 33 mujeres, que representan el 36 %. El 55 % de los ingresos corresponde a personas menores de 30 años; el 43 %, a personas de entre 30 y 45 años y hay, apenas, un 2 % de discapacitados mayores de 46 años”, informó.
Reisch prosiguió señalando que, según los datos recogidos “en los informes de 2011 a la fecha, vemos que ese año el ingreso de personas con discapacidad fue de apenas 0,65 %; en 2012, 0,4 %; en 2013, 1,26 %; en 2014, 1,04 %; en 2015, 0,33 %; en 2016, 0,80 %; en 2017, 1,3 %”.
“Es claro que el Gobierno Nacional habla mucho de los derechos de los discapacitados, pero hace muy poco. Una cosa son las palabras y otra los hechos. Y lamentablemente, en la Intendencia de Colonia, en todos estos años apenas ingresaron tres discapacitados, dos en 2008 y uno en 2012, incumpliendo el porcentaje del 4% establecido por ley, por lo cual hace más de 7 años que la comuna coloniense incumple la legislación”, manifestó.
Cabe señalar que Reisch ya había planteado este reclamo en setiembre de 2018, y que lo reiteró ahora, en circunstancias en que se encuentra a punto de entrar en vigencia una ley que procura la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado. La ley, en efecto, prevé que a partir del 17 de noviembre, unas 5.000 empresas con plantillas superiores a 25 trabajadores dependientes deberán incorporar gradualmente personas con discapacidad en un porcentaje del 4% de la totalidad de sus trabajadores, bajo apercibimiento de sanción.
Sin embargo, advirtió Reisch, “paradójicamente el Estado le exige a los privados lo que él no cumple. Sin duda nuestro país necesita un cambio de rumbo en varios temas, entre ellos, que las personas con discapacidad sean contempladas, tal cual lo establece la ley vigente”.
