El edil departamental Gabriel Gabbiani (Partido Colorado – Lista 10) presentó ante la Junta Departamental de Colonia, con vistas a que la misma se traslade al Congreso Nacional de Ediles (CNE) y a distintos organismos nacionales, una inquietud planteada por retirados policiales respecto a una importante pérdida de haberes y el problema social que el mismo implica para ellos.
Lo hizo a través de una nota que expresa lo siguiente:
Colonia del Sacramento, 11 de setiembre de 2024.
Señor Presidente de la Junta Departamental de Colonia
Señor Félix Osinaga
Presente.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente expongo a usted la siguiente inquietud que me ha sido planteada por retirados policiales.
La Asociación Civil “30 de Octubre” es una organización que representa a policías retirados de todo el país, a través de la cual buscan mejorar las condiciones económicas y sociales de los exfuncionarios policiales.
Fue creada luego de varias instancias en distintos puntos de todo el territorio nacional, conformándose una Comisión Directiva el 7 de abril del presente año, oportunidad en que se eligieron Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales y Comisión Fiscal. Cuenta a nivel de todo el país con delegados o comisiones departamentales, y hoy tiene más de 3.200 afiliados a nivel nacional,
La causa fundamental de esta asociación es el reclamo de una reparación económica que desde el año 1992 a la fecha mantiene el Ministerio del Interior, concretamente la Dirección Nacional de Asistencia Social Policial, con los policías en situación de retiro y pensionistas.
Hay una deuda que se genera en el año 1992 en la Ley de Presupuesto vigente entonces. Posteriormente, años más tarde, se toma conocimiento de que ese aumento de sueldo no había sido aplicado al personal policial. Se generaron los recursos, los reclamos pertinentes por varios caminos, entre ellos la vía judicial, a través de los sindicatos, por los referentes y por todos los medios posibles.
Puntualmente, las sucesivas modificaciones de beneficios y categorizaciones laborales implantadas por el Artículo 118 de la Ley N° 16.320 y el Artículo 21 de la Ley N° 16.333 promulgadas el 17 de noviembre y el 14 de diciembre de 1992, respectivamente, fueron derogados por la Ley N° 18.996, del 7 de noviembre de 2012. En consecuencia, cuando se jubilan los efectivos sufren una considerable diferencia en los haberes jubilatorios. Tan grave es la situación, que al mismo rango, categoría, edad y años de servicio las diferencias llegan a rondar hasta los $ 20.000.
Algunos expolicías se benefician porque quedaron amparados por ley o por resolución judicial, y otros directamente quedaron desamparados por el mismo motivo, por lo cual es injusto que exista esta diferencia para servidores o ex servidores públicos cuya importancia está demás señalar.
La norma de 2012 disponiendo la derogación de aquellas leyes, causó un claro y notorio perjuicio económico a gran parte de policías, mayormente retirados y pensionistas, que no tuvieron acceso al cobro de ese dinero.
Se han hecho juicios al Estado, algunos con resultado favorable y otros con resultado negativo para los reclamantes, por lo que más allá de la vía judicial, apuestan de aquí en más a la voluntad política. Incluso se evaluó una nueva propuesta para la posibilidad de que la reparación pueda ser en cuotas
El pasado 5 de julio, un grupo de estos policías se reunió con el presidente de la República para plantearle la situación. El mandatario se interesó en el tema, preguntó de cuántos expolicías se trataba y quedó en evaluar el problema.
El punto es que han ido falleciendo policías que estaban retirados y no tuvieron acceso a ese dinero que se les adeuda, y como consecuencia, sus viudas quedaron con una pensión muy inferior a la que realmente deberían percibir.
Somos plenamente conscientes de que este asunto no es competencia de los gobiernos departamentales, pero no podemos soslayar su importancia, en particular la incidencia social y en la economía de muchas familias que se han visto injustamente perjudicadas.
En consecuencia, solicitamos que nuestra inquietud sea analizada por la Comisión de Asistencia Social de esta Corporación, a fin de eventualmente obtener el respaldo del plenario para que estas palabras sean remitidas a las restantes 18 Juntas Departamentales y al Congreso Nacional de Ediles, para lograr el mayor respaldo posible, y posteriormente, si se entiende pertinente, remitir esta inquietud a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio del Interior y al Parlamento Nacional, con la finalidad de que la situación sea analizada y, de ser posible, subsanada dando así respuesta a este núcleo de funcionarios policiales.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente
Gabriel Gabbiani – Edil Departamental
