“La asistencia financiera será a los sectores sociales más afectados por la situación de Pili”, afirmó el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, al informar sobre las dos leyes, enviadas al Parlamento por iniciativa de Tabaré Vázquez y aprobadas este jueves 16, que crean fondos para el pago de salarios de los trabajadores y para ayudar a los productores remitentes de leche a esa empresa de Paysandú.
“Los dos proyectos de ley sancionados este jueves 16 fueron remitidos al Parlamento por decisión el presidente de la República, Tabaré Vázquez”, destacó Roballo en la conferencia de prensa realizada este jueves 16 en la Torre Ejecutiva para informar sobre las iniciativas que buscan apoyar a los sectores sociales más afectados por la situación de la empresa láctea Pili, radicada en Payandú.
Roballo repasó que se trata de un mecanismo que ofrece transparencia y abre la posibilidad de asistir a los sectores sociales más afectados, que son los trabajadores de la firma y los productores, quienes constituyen un componente fundamental, porque remiten la materia prima al emprendimiento.
Resaltó, además, el apoyo del sistema político, demostrado en la aprobación de esas normas en la Cámara de Senadores, por unanimidad, y en la de Representantes, con un solo voto en contra.
El concurso de acreedores solicitado por Pili “es un componente que no afecta la decisión del Gobierno de asistencia a trabajadores y productores, porque el mecanismo jurídico hace que el dinero no pase por la empresa”, explicó.
El prosecretario de la Presidencia señaló también que el dinero dispuesto con esas leyes será utilizado para el pago de salarios de los trabajadores de la firma y para asistir a los productores lecheros remitentes que ven muy comprometida la continuidad de sus tambos. Agregó que se busca aportar “a la continuidad del emprendimiento”.
En otro tramo de la conferencia, Roballo sostuvo que la asistencia se realizará a través de la creación de dos fondos en la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). El de los rubros salariales se hará efectivo a través del Banco de Previsión Social, con 14,4 millones de pesos, y el otro, que financiará deudas que la empresa mantiene con productores, será mediante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con 38,4 millones de pesos.
Roballo enfatizó que “el Estado procede a subrogarse en esos créditos y, en la medida en que la situación de la empresa mejore, recuperará los fondos”.
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