El Poder Ejecutivo aprobó el decreto reglamentario de la ley n.º 19566, de diciembre de 2017, que moderniza el régimen de zonas francas, según anunció el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. La iniciativa posibilitará la creación de más polos de actividades en el interior y se adhiere a estándares internacionales. “Se busca potenciar actividades que generan miles de puestos de trabajo”, afirmó.
“Estos cambios tienen como objetivos centrales modernizar el régimen, potenciar y promocionar la radicación de actividades sustantivas en Uruguay y adherir a los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal”, explicó Ferreri.
El jerarca destacó que “los contratos de zonas francas que se otorgaban sin límite de tiempo ahora tendrán uno específico, que podrá ser ampliado en función del cumplimiento de los planes de negocios presentados en su momento”.
Manifestó que la ley permite nuevos tipos de zonas temáticas fuera del área metropolitana. Ejemplificó al mencionar que se podrá generar polos audiovisuales o de entretenimientos.
Agregó que, a partir de la referida modificación, “cada nuevo usuario que quiera operar deberá presentar un plan de negocios en la Dirección de Zonas Francas que establezca qué tipo de actividad genere y qué valor agregado deje al país. (Deberá) demostrar que tiene una actividad real a desarrollarse”.
Otro punto implica la posibilidad de realizar actividades auxiliares, en Montevideo, de las zonas francas ubicadas fuera del área metropolitana. Repasó que las empresas deberán informar a la Dirección General Impositiva (DGI) para realizar estas tareas e incluir más trabajadores en la zona en donde estén instaladas que en la capital del país. “Se pretende potenciar y preservar las fuentes de trabajo en el interior”, enfatizó.
Manifestó que “también se prohíbe la triangulación de servicios que no tengan sustancia en la zona franca. Por lo tanto, los de propiedad intelectual, que se podrán facturar desde la zona franca al mundo, tendrán que ser desarrollados dentro de esta. Ya no podrán recibir servicios realizados en el extranjero y simplemente refacturarlos sin generar valor agregado en el país», especificó.
